La nueva app municipal promete mejorar la comunicación, mientras surgen dudas sobre su coste, su expansión desde la Comunidad de Madrid y su impacto real a medio plazo
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha presentado esta semana eAgora, una nueva aplicación digital con la que pretende centralizar la comunicación con los vecinos. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán comunicar incidencias, recibir avisos municipales, consultar la agenda local o realizar determinados trámites desde el móvil.
La iniciativa, impulsada desde el área de Digitalización, se enmarca dentro del proceso de modernización de los servicios municipales. Sobre el papel, el objetivo es claro: acercar la administración al ciudadano y agilizar gestiones que hasta ahora requerían desplazamientos o esperas.
Sin embargo, más allá de la presentación, hay preguntas que siguen sin respuesta.
La principal: ¿cuánto cuesta realmente esta app a los vecinos de Colmenar Viejo?
Durante el acto, la referencia económica ofrecida fue aproximada —en torno a unos 5.000 euros—, pero sin concretar si se trata de un pago único, anual o sujeto a ampliaciones. Tampoco se han detallado públicamente los posibles costes asociados a mantenimiento, soporte técnico o futuras funcionalidades.
Y ahí es donde empieza el verdadero debate.
Porque este tipo de plataformas no suelen limitarse a una inversión inicial.
No se trata de una herramienta exclusiva de Colmenar. La propia nota municipal señala que ya funciona en otros municipios madrileños como Galapagar, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte o Torrejón de Ardoz, y los registros públicos muestran que la misma empresa ha ido encadenando adjudicaciones en distintas administraciones. En plataformas de seguimiento de contratación pública aparecen contratos de importes modestos, pero recurrentes, como 5.624,90 euros en Salou, 4.887,19 euros en Benassal o 1.000 euros por servicios concretos, muchos de ellos tramitados como contrato menor.
Ese es precisamente el punto delicado. Porque cuando una empresa entra en los ayuntamientos con contratos pequeños, asumibles y poco discutidos, puede acabar generando un gasto continuado a base de licencias, soporte, mantenimiento, campañas de difusión y módulos adicionales.
El caso de Fuenlabrada, donde aparece un contrato de 13.531,05 euros por dos años para mantenimiento y soporte de eAgora en un departamento municipal, muestra que el coste no termina en el día de la foto y la presentación. En Pozuelo de Alarcón, incluso la difusión publicitaria de la app ha generado gasto específico.
Además, la propia plataforma reconoce que cobra comisiones por transacción cuando se utiliza para pagos con tarjeta o Bizum. Es decir, no solo hay que mirar la implantación inicial, sino también el modelo de negocio asociado si el sistema se extiende a reservas, entradas, cobros o servicios municipales.
En términos técnicos, eAgora funciona bajo un modelo conocido como Software as a Service (SaaS). Esto significa que el Ayuntamiento no adquiere la herramienta como tal, sino que paga por su uso. Traducido: cuando deja de pagarse, el servicio desaparece. Este modelo refuerza la duda sobre el coste real a medio y largo plazo.
Y abre otra cuestión relevante:
¿qué ocurre con los datos de los vecinos si el Ayuntamiento decide cambiar de plataforma?
¿Son plenamente transferibles o existe una dependencia tecnológica del proveedor?
La implantación de eAgora en Colmenar Viejo no es un caso aislado. La plataforma forma parte de un proceso iniciado en 2025, cuando la Comunidad de Madrid lanzó un proyecto piloto junto a varios municipios de la región. Desde entonces, la herramienta se ha ido extendiendo de forma progresiva a numerosos ayuntamientos, en muchos casos mediante contrataciones individuales.
Este modelo plantea una cuestión relevante: no existe un contrato centralizado visible, sino una expansión basada en decisiones municipales independientes dentro de un contexto de impulso institucional.
Pero más allá de la tecnología, hay un factor clave: las personas.
La apuesta por el “todo al móvil” corre el riesgo de dejar atrás a sectores de la población con menos competencias digitales. Si la gestión municipal empieza a depender de una aplicación, surge una pregunta inevitable:
¿qué canales se están reforzando para quienes no utilizan este tipo de herramientas?
No es una cuestión tecnológica. Es una cuestión de gestión.
Porque una app municipal solo tiene sentido si:
- los vecinos la utilizan
- las incidencias se responden
- los tiempos de respuesta mejoran
- y existe un seguimiento transparente de resultados
De lo contrario, se convierte en una capa más dentro de la administración, con coste económico, pero impacto limitado.
Además, aspectos como la privacidad y el tratamiento de datos cobran especial relevancia en plataformas de este tipo, especialmente si incorporan funcionalidades sociales o de interacción continuada con los usuarios.
Por eso, más allá de la novedad, la pregunta clave sigue siendo la misma:
¿qué coste total tendrá para el Ayuntamiento dentro de uno, dos o cinco años?
La digitalización es necesaria. Nadie lo discute.
Pero también lo es la transparencia.
Este medio continuará analizando los contratos derivados y las adjudicaciones vinculadas a este despliegue. Porque la modernización no debe ser un cheque en blanco, sino una herramienta fiscalizada que demuestre, con datos en la mano, que cada euro invertido se traduce en una farola arreglada más rápido o un trámite menos en el mostrador municipal.
“Esperemos que la comunicación de incidencias en la app funcione mejor que la comunicación de los costes reales del proyecto en su presentación.”
