En los últimos días, los buzones de los vecinos de Colmenar Viejo han recibido una carta firmada por el alcalde, Carlos Blázquez Rodríguez (Partido Popular), en la que afirma que el Gobierno de España “obliga a todos los municipios a imponer una tasa de basuras en 2025”.
Una afirmación rotunda, formulada con calculada ambigüedad, que más que informar, desinforma. Más que aclarar, confunde. Y que, sobre todo, persigue un objetivo claro: desviar la atención y evitar asumir una responsabilidad que es, en gran parte, propia.
Porque lo cierto es que esta supuesta “obligación” no es tal.
¿De verdad obliga Europa?
No. Lo que exige Europa, a través de la Directiva 2018/851, es que quien contamina pague —el principio “polluter pays” que rige las políticas ambientales desde hace décadas—. La UE marca objetivos, pero deja a cada país la libertad de aplicar sus propios mecanismos. España decidió transponer esa directiva mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, estableciendo que los ayuntamientos deben cubrir los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Pero en ningún momento se impone un modelo único ni una tasa concreta. Hay margen. Hay opciones. Hay política.
¿Y quién aprobó esa ley?
Aquí es donde el relato del alcalde se desmorona del todo. La Ley 7/2022 fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos y otros grupos. El Partido Popular, lejos de oponerse, se abstuvo. Esa abstención no es una anécdota: es una decisión política. El PP pudo votar en contra. Pudo proponer enmiendas. Pudo liderar una alternativa. No lo hizo. Prefirió mirar hacia otro lado. Y ahora, desde los gobiernos municipales, pretende lavarse las manos.
El margen municipal: una verdad que el alcalde oculta
La carta del alcalde pretende convertir una decisión local en un mandato nacional. Pero la Ley 7/2022 no obliga a imponer una tasa específica. Cada ayuntamiento puede decidir cómo financiar el servicio: vía tasas, presupuestos generales, o incluso sistemas mixtos. Optar por una nueva tasa de basuras es, en esencia, una decisión política del gobierno municipal. Y en este caso, es el equipo de Carlos Blázquez quien ha optado por trasladar ese coste directamente a los bolsillos de los vecinos.
La pregunta no es si la tasa es legal —lo es—, sino si es justa, necesaria y si se ha explicado con transparencia.
El doble discurso del alcalde
Mientras envía cartas a los vecinos y sale en las redes sociales culpando al Gobierno central de decisiones propias, el alcalde promete mejoras en sanidad, infraestructuras y servicios sociales. Pero ¿cómo confiar en quien se niega a asumir sus propias decisiones? ¿Cómo tomar en serio promesas de futuro si ni siquiera se es capaz de explicar con claridad las decisiones del presente?
Esta estrategia de comunicación no es nueva. Es el manual clásico del populismo de gestión: presentar las malas noticias como inevitables y las buenas como propias. Pero los ciudadanos de Colmenar Viejo no merecen que se juegue con su inteligencia. Merecen transparencia, rendición de cuentas y un liderazgo que asuma las decisiones que toma. No cartas escritas ni videos en las redes sociales con medias verdades para tapar enteras responsabilidades.
En resumen:
La tasa de basuras no es una imposición del Gobierno de España ni de Bruselas. Es una decisión del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, gobernado por el Partido Popular.
Es una medida adoptada por quienes hoy tratan de culpar a otros. Y es, en definitiva, un caso claro de manipulación política en tiempos de crisis.
Decía el refrán que “se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”. En este caso, el alcalde corre el riesgo de que le pillen ambas cosas: la mentira... y la falta de dirección.
Encima se gasta el dinero publico de forma partidista en la confección de cartas y buzoneo además de videos y mensajes para las redes sociales mintiendo a los ciudadanos y haciendo publicidad de su persona con su foto. Vaya cara más dura.
¿Uso partidista de dinero público? Una línea muy fina… o ya cruzada
La carta buzoneada por el alcalde Carlos Blázquez no solo contiene información sesgada, sino que está diseñada con fotografía personal, logo institucional, y un mensaje claramente político. No es neutral, ni objetiva, ni estrictamente informativa. Y eso plantea un grave problema.
Este tipo de acciones puede suponer una vulneración de la Ley de Publicidad Institucional, que prohíbe expresamente incluir imágenes de cargos públicos en campañas financiadas con dinero público. Además, el uso de recursos municipales para difundir un mensaje partidista puede ser constitutivo de malversación de fondos públicos (art. 432 del Código Penal), al desviar fondos hacia fines personales o de partido.
El Ayuntamiento no puede ser usado como altavoz electoral encubierto. Y mucho menos para justificar decisiones locales culpando a otros.
Desde el punto de vista ético y jurídico, esta campaña roza —y posiblemente cruza— la línea de lo legal.
Miguel Angel Pedrosa Ruiz