El 10 de junio la Federación Europea de Industrias de la Construcción (FEIC) presentó su informe anual del estado del sector. En él se muestra un panorama de declive que afecta de modo diferente según los subsectores y países, pero que está generalizado en todos ellos en el subsector de vivienda residencial. Típico de la patronal, la nota de prensa de la FEIC declara que ‘En muchos países de la UE las empresas se han quejado de que las medidas del gobierno para atajar la crisis inmobiliaria han sido hasta la fecha insuficientes’.
La economía española sufre desde hace más de medio siglo ciclos de intenso dopaje del sector de la construcción, que acompañados con la especulación, acaparamiento y escasez de oferta de vivienda social han generado severos problemas económicos, sociales y ambientales. Así, de 21,0 millones de parque de viviendas en 2001 hemos pasado a 26,8 mlllones en 2022, lo que representa un 27,5% de aumento. Un 30% de nuestro parque de viviendas corresponde a segunda residencia, situándonos a la cabeza de la UE, concentrando los activos inmobiliarios buena parte del ahorro en España.
La geografía de nuestro país está salpicada de extravagantes megaproyectos urbanísticos y de infraestructuras, algunos de los cuales han acabado en los tribunales con anulaciones y condenas firmes. El Algarrobico (Almería), Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), Merinos Norte (Málaga) o el aeropuerto de Ciudad Real son ejemplos de una planificación y ordenación territorial ineficaz, inaplicada y que, en caso de ser sancionada, suele saldarse con la impunidad de los infractores.
En este contexto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del gobierno de España elaboró un proyecto de modificación de la vigente Ley del Suelo que ante la falta de apoyos acabó finalmente retirando el 23 de mayo, día en que estaba prevista su votación en el Congreso. Tres semanas después, tras las elecciones al Parlamento Europeo, ha vuelto a ser presentado con ligeras modificaciones por los grupos parlamentarios PSOE y PNV. Como parte de la batalla parlamentaria, el PP ha anunciado pocos días después que va a presentar en septiembre en el Senado su propia propuesta alternativa.
La premisa central de la propuesta es que el problema de la vivienda en España se debe a la inseguridad jurídica de ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas, que en el proceso de elaboración, tramitación y ejecución de planes y proyectos son ‘víctimas’ de errores o defectos formales de carácter no sustancial que pueden ser subsanados a posteriori pero que, llevados a los tribunales, los paralizan o anulan. Por ello se trata de actualizar la normativa para evitar estas situaciones que aparentemente son la causa de la parálisis del sector de la construcción en nuestro país (parálisis que, según hemos visto, es general para el subsector de vivienda residencial y en el último año menos acusada en España que en otros países de Europa), y de paso limitan la capacidad de llevar ante la justicia las infracciones cometidas y recortan los plazos en que las demandas pueden ser efectuadas.
Nada dice la propuesta de la mejora del proceso de planificación y diseño de proyectos urbanísticos, de atender realmente las alegaciones previas que se presentan y que con mucha frecuencia son rechazadas, de nuestro sobredimensionamiento inmobiliario y de infraestructuras, de la lentitud de los procesos judiciales y la clamorosa falta de ejecución de sentencias condenatorias de los abusos urbanísticos, o de los brutales ‘desparramamientos urbanos’ (Urban Sprawls) que han afectado a buena parte de nuestro litoral mediterráneo y a zonas del interior y que han sido tomadas como ejemplos de impacto ambiental negativo por la Agencia Europea de Medio Ambiente y otras instituciones comunitarias. Y nada dice de controlar la especulación o revertir la privatización de la escasa dotación de vivienda pública que hemos padecido.
Como guinda del pastel, la propuesta regala la posibilidad de cancelar la constancia registral del derecho de reversión en caso de expropiaciones para fines de utilidad pública, que parece destinado a desbloquear el macroproyecto urbanístico de la ‘Operación Chamartín’.
Para explicar el alcance e impactos de esta iniciativa legislativa, ANAPRI, Ecologistas en Acción, Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Álula, ARBA Colmenar Viejo y ARBA Guadalix, organizan un acto informativo el viernes 5 de julio a las 7 de la tarde en el Pósito municipal de Colmenar Viejo. Angeles Nieto Mazarrón, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y del área de Urbanismo de esta organización, y que ha participado en numerosas alegaciones previas y demandas judiciales posteriores contra ilegalidades de proyectos urbanísticos que generaban problemas ambientales nos hablará de los efectos que esta nueva legislación tendría a distintos niveles en caso de ser aprobada.
Motivo: Propuesta de modificación de la Ley del Suelo.
Lugar: Pósito municipal, calle del Cura, 2, Colmenar Viejo.
Día y hora: viernes 5 de julio a las 19h.
Ponente: Ángeles Nieto Mazarrón, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid y del área de Urbanismo.
Organizan: ANAPRI, Ecologistas en Acción, Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Álula, ARBA Colmenar Viejo y ARBA Guadalix.
