El Ayuntamiento de Colmenar Viejo lleva incumpliendo desde el pasado 1 de diciembre las obligaciones impuestas por la ley de Protección de los Informantes.
Este incumplimiento puede acarrear sanciones muy graves, de hasta un millón de euros.
Una obligación europea
La ley de Protección de los Informantes deriva de la trasposición de la directiva europea Whistleblowing, que busca aumentar la transparencia de las empresas y las instituciones obligándolas a instalar un canal a través del cual se puedan denunciar las irregularidades detectadas en la gestión. En este canal es obligado salvaguardar la confidencialidad del denunciante y mantenerle informado sobre la gestión de la denuncia.
Dos incumplimientos
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha puesto en marcha lo que denomina Buzón de quejas y denuncias, pero lastrado por dos graves incumplimientos de la letra de la ley.
El primer incumplimiento es su limitación. La ley marca taxativamente que el canal de denuncias debe posibilitar que los empleados, los proveedores o los usuarios puedan denunciar las irregularidades y actos delictivos de la empresa u organización de que se trate. Sin embargo el buzón colmenareño señala que solo está disponible para todo posible fraude referido exclusivamente a los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El segundo incumplimiento se refiere al canal puesto a disposición de los usuarios. La ley establece que éstos deben tener plenamente garantizada la confidencialidad de su denuncia mediante los procedimientos más estrictos. El Ayuntamiento, sin embargo, se ha limitado a arbitrar un simple correo electrónico que, obviamente, es perfectamente vulnerable y no garantiza ni el anonimato ni la posibilidad de seguimiento de la denuncia.
Diferencia con Tres Cantos
Contrasta el incumplimiento de la ley en Colmenar Viejo con el estricto cumplimiento de la misma que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Tres Cantos, quien dispone en su sitio web de un muy bien habilitado Canal de denuncias contra el fraude y la corrupción, al que se puede acceder con facilidad y con todas las garantías de confidencialidad y seguimiento de la denuncia.
Hay que recordar que el incumplimiento de esta ley puede acarrear sanciones gravísimas, de hasta un millón de euros. La Autoridad Independiente de Protección del Informante tiene capacidad para controlar el cumplimiento de la norma por parte de las empresas privadas y de las instituciones públicas.
Declaración del Ayuntamiento
Puestos al habla con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar, ha declarado textualmente: “La Concejalía de Transparencia está trabajando en la puesta en marcha de este 'Buzón de quejas y denuncias'. En colaboración con la Concejalía de Recursos Humanos, se han puesto en contacto con los trabajadores municipales para valorar junto con los sindicatos la figura que les represente. Esperamos que en las próximas semanas pueda ser una realidad este 'buzón' y esté accesible a todos los vecinos, usuarios y trabajadores de esta Casa”.
Es decir, fuentes próximas al equipo de gobierno reconoce que se está incumpliendo la ley desde el 1 de diciembre.
