No existen cifras oficiales todavía sobre el inmenso número de muertes de ancianos ocurridas en las residencias del Estado español por causa del Covid-19. Ni siquiera, en muchos casos, se han contabilizado como tales al morir sin la prescriptiva prueba de PCR para ser identificados como fallecidos por Covid-19.
La situación en las residencias ha sido dantesca durante toda la crisis sanitaria y ejemplo claro de la criminal gestión capitalista de la crisis sanitaria frente a las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables. El número de fallecidos ha golpeado, sobre todo, a las residencias privadas o concertadas, ubicadas en los núcleos de población más humildes.
La situación ha sido una hecatombe y ha diezmado la población de las y los ancianos que vivían en residencias. A tal punto que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas a día de hoy 121 diligencias civiles y 110 penales contra residencias de ancianos; 42 de las investigaciones han partido de las denuncias directas de los familiares y pacientes de dichas residencias.
Las cifras, sin embargo, son confusas y el gobierno se sigue negando a ofrecer datos fidedignos. Los territorios más afectados han sido Madrid, Catalunya y las dos Castillas. Solo en la Comunidad de Madrid ha habido más de 5.828 muertos (1 de cada 10 residentes). En Catalunya son 3.131 fallecidos, el 59,8% del total de ese territorio. En el conjunto del Estado se habla de más de 17.200 muertos en residencias, según RTVE, dado que no hay cifras oficiales.
El siguiente gráfico elaborado por RTVE da cuenta de la cantidad de fallecidos en residencias frente a total de muertos en cada comunidad, en base a los datos brindados por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las CC.AA. (Fecha de actualización: 5 de mayo).
