En teoría, en España gozamos de libertad de prensa. En la práctica, cada vez más profesionales —periodistas, humoristas, comunicadores— están descubriendo que decir determinadas cosas tiene un precio. Un peaje que no siempre es inmediato ni siempre es visible, pero que es asfixiantemente real.
El reciente parón indefinido de Héctor de Miguel, tras la presión recibida por su trabajo satírico en Hora Veintipico, no es un hecho aislado; es un síntoma. No nos enfrentamos a una censura clásica de tachón y boletín oficial, sino a algo mucho más eficaz y moderno: el desgaste por saturación, la amenaza constante y la judicialización del discurso incómodo. Se busca que el coste personal de hablar sea tan alto que el silencio acabe pareciendo una opción razonable.
A este escenario se suma el caso de Sarah Santaolalla, quien ha denunciado acoso tras ser seguida desde su lugar de trabajo hasta su domicilio. No hace falta compartir su línea editorial para entender que, cuando el debate sale del estudio y llega a la puerta de casa, se cruza una frontera inaceptable. Aquí no está en juego una ideología, sino los límites básicos de la convivencia democrática.
Ese mismo límite se cruzó durante meses frente al domicilio del exvicepresidente Pablo Iglesias, donde él, su pareja y sus hijos menores fueron sometidos a un hostigamiento continuado. Lo relevante no es la figura política, sino el hecho de que ese acoso se prolongara incluso después de que dejara de formar parte del Gobierno, normalizando que la presión y el señalamiento puedan trasladarse al ámbito familiar sin consecuencias reales para quienes los promueven.
El rigor frente a la impunidad
Mientras se estrecha el cerco sobre las voces críticas, otros sectores de la prensa parecen gozar de una impunidad preocupante. Hemos visto portadas en grandes diarios nacionales que, bajo el paraguas de la “investigación”, lanzaron graves acusaciones sobre infraestructuras estratégicas como el AVE que el tiempo —y los hechos— se encargaron de desmontar. En algún caso, lo que se presentó como un escándalo tuvo que ver en realidad con las vías y un descarrilamiento, no con lo que se insinuó en los titulares.
Cuando un titular de apertura no busca informar, sino demoler la reputación de un adversario o manipular la agenda pública basándose en datos falsos o incompletos, el periodismo deja de ser un contrapoder para convertirse en un arma de propaganda. El problema es que el desmentido nunca ocupa el mismo espacio que la acusación inicial; cuando llega la rectificación, si llega, el daño ya ha cumplido su objetivo.
La renuncia del lector
Aquí conviene decir algo incómodo: parte del problema somos también los ciudadanos. Vivimos en la era del titular rápido y del vídeo recortado de quince segundos. Se nos trata como a niños, pero lo grave es que nos dejamos tratar como tales. Muchos no contrastan, no leen más allá del encabezado y solo buscan el impacto que refuerce sus propios sesgos.
Al consumir información exclusivamente como munición contra el “enemigo”, degradamos el debate público. No es solo un fallo de la industria mediática; es también una renuncia voluntaria del lector a su responsabilidad crítica.
Una responsabilidad compartida
Los gobiernos de turno —todos— han fallado en lo esencial: proteger la democracia como un ecosistema vivo, no como un refugio para los suyos. No se trata de blindar siglas, sino de garantizar que quien informa, critica o incomoda pueda hacerlo sin miedo, venga de donde venga.
Por su parte, la oposición ha asumido en demasiadas ocasiones que "todo vale" si el objetivo es derribar al adversario, incluso a costa de erosionar instituciones que nos pertenecen a todos. La democracia no solo se debilita desde el despacho oficial; se debilita cada vez que se normaliza la difusión sistemática de bulos.
El espejo de la polarización
Solo hace falta mirar hacia Estados Unidos para entender a dónde conduce este camino: polarización extrema, descrédito sistemático de la prensa y una sociedad donde la verdad acaba siendo una cuestión de fe. Nada de eso ocurre de un día para otro; ocurre cuando se normaliza el uso de la mentira, la presión judicial y el señalamiento como herramientas políticas.
Lo vimos tras el 15-M. Más allá del juicio que cada cual tenga sobre la fuerza política que surgió de aquel movimiento, es innegable que sufrió una ofensiva política y mediática constante, basada en muchos casos en informaciones que luego resultaron ser falsas y que nunca recibieron la misma difusión cuando fueron desmentidas en los juzgados.
Conclusión
Nada de esto va de defender a personas concretas o siglas políticas. Va de algo más profundo: la calidad democrática real. Porque cuando se normaliza que hoy se persiga a uno y mañana a otro bajo el amparo de la impunidad de ciertos titulares, lo que está en riesgo no es un comunicador, sino el derecho de la sociedad a no ser engañada.
Dice el refrán que "cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar". Deberíamos aplicárnoslo: si hoy permitimos que se crucen todas las líneas rojas contra quien no nos gusta, mañana no tendremos autoridad ni herramientas para protegernos cuando el foco nos apunte a nosotros.
Si seguimos mirando solo un lado de la trinchera y consumiendo únicamente lo que confirma nuestros prejuicios, no nos estarán engañando: estaremos colaborando.
