Hay países que avanzan a golpe de valentía, de rupturas, de decisiones difíciles.
Y luego está España… Y lo vemos hoy, 20 de noviembre, con la sentencia del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, que nos obliga, una vez más, a mirar a ese espejo turbio. Durante más de cuarenta años hemos vivido creyendo que la Transición lo dejó todo resuelto, cuando en realidad dejó demasiadas puertas entreabiertas y demasiadas llaves en manos de los mismos.
Se nos dijo que el futuro llegaría con democracia plena, separación real de poderes y libertades sin cortapisas. Pero la verdad, vista con calma, es otra: heredamos estructuras que nadie se atrevió a tocar, poderes que siguieron ocupando sus sillas, y silencios que se hicieron norma.
Y aquí estamos, 2025, mirando sentencias que huelen a otros tiempos y preguntándonos por qué seguimos pagando los errores de un pasado que jamás se cerró del todo.
Porque no nos engañemos: cuarenta años gobernando un país dan para mucho.
Dan para modernizar, para sanar heridas, para renovar instituciones… Pero también dan para dejar intacto lo que no interesa mover. Y uno bebe, inevitablemente, de lo que no ha querido cambiar.
España sigue siendo ese país de las dos mitades eternas, que se miran con recelo desde hace un siglo. Un país donde, en vez de unir, se pacta con sombras. Donde la cúpula de la justicia —el órgano que debería ser el guardián de la ley— permanece una y otra vez en la cuerda floja de la política. Donde la justicia parece caminar en direcciones distintas según quién la mire. Donde todavía es posible que el pasado respire entre líneas, como si nunca hubiera terminado de irse.
Mientras tanto, la gente normal —la que madruga, la que paga, la que espera— mantiene una paciencia casi heroica. Pero toda paciencia tiene un límite. Y llega un momento en el que hay que decir basta.
No un basta desde el odio ni desde la trinchera, sino desde la dignidad: basta de repetir lo que no funciona, basta de viejos poderes, basta de ataduras invisibles.
Este país necesita una ruptura honesta con su propia sombra. Un nuevo comienzo que no dependa de subvenciones, ni de nombramientos a dedo, ni de despachos cerrados, ni de pactos de salón. Un país donde la libertad de prensa no tenga precio, donde la justicia sea realmente independiente y donde el pasado deje de dictar el presente.
Y es curioso que todo esto ocurra un 20 de noviembre, un día cargado de simbolismo, que deja claro que en España la verdad sigue siendo incómoda y la libertad sigue siendo frágil.
Pero también es un día perfecto para recordar que este país será de todos… o no será de nadie.
"La auténtica independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Cuando la Justicia es percibida como una trinchera política, la democracia se debilita en su cimiento."
— Javier Zaragoza (Ex Fiscal y analista jurídico)