La Policía Patriótica: el golpe encubierto que no salió en el BOE

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DESPERTAD
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Hubo un tiempo no muy lejano en que el Estado puso en marcha una maquinaria invisible para destruir al adversario político. No se utilizó el Ejército, ni tanques, ni una Ley Marcial. No hizo falta. Bastó con un Ministerio del Interior, algunos comisarios obedientes y un puñado de periodistas que olvidaron lo que significaba contrastar una fuente. Así nació la llamada Policía Patriótica.

El plan: impedir que Podemos llegara al poder

En 2015, Podemos representaba una amenaza real al bipartidismo tradicional. En encuestas, en las calles, en las instituciones. El miedo se tradujo en acción. Desde el propio Ministerio del Interior, bajo mandato del PP, se iniciaron operaciones de espionaje, difamación y persecución política. Lo que no se podía frenar en las urnas, se intentó destruir desde las cloacas.

Los nombres están ahí: Francisco Martínez, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo. Bajo su mando, la UDEF accedió a bases de datos policiales para investigar sin control judicial a 69 diputados de Podemos. Se realizaron 6.700 consultas. Se elaboraron informes sin firma ni respaldo legal, como el famoso Informe PISA, que fue filtrado a medios afines justo antes de elecciones.

Medios cómplices, titulares fabricados

Varios medios publicaron como verdades absolutas informaciones procedentes de estas filtraciones ilegales. Nadie comprobó si los informes tenían validez judicial. Nadie se preguntó por qué no había una sola imputación tras años de campañas mediáticas. Algunos periodistas participaron conscientemente de este montaje. Otros, simplemente se dejaron llevar.

Pero el resultado fue claro: erosionar la imagen de Podemos, frenar su ascenso electoral y sembrar dudas permanentes sobre su financiación, sus dirigentes y sus lealtades. Nunca se probó nada. Pero el daño ya estaba hecho.

"Es demasiado burdo. Voy con ello", se escucha decir a uno de los periodistas implicados en las grabaciones. Las conexiones llegaban a programas de gran audiencia, a presentadores con fama de imparciales, y a empresas como Indra, encargadas de procesos electorales. Desde Herrera en la COPE, pasando por La Sexta o rotativos de referencia, la cadena de colaboración mediática funcionó como una pieza clave del engranaje.

Villarejo, Cospedal y el pacto del miedo

Grabaciones posteriores revelaron cómo el comisario Villarejo despachaba con Dolores de Cospedal sobre estrategias para "destruir" al partido morado. Se habló de crear informes, de usar contactos judiciales y mediáticos. Todo con dinero y recursos del Estado. No eran opiniones: eran planes en marcha.

El silencio judicial

La causa abierta por el juez Santiago Pedraz contra esta trama sigue en instrucción. Hay mandos imputados. Hay declaraciones de excargos venezolanos que recibieron fichas de miembros de Podemos entregadas por policías españoles. Hay sospechas de delitos graves: prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental, organización criminal.

Y sin embargo, no hay escándalo. No hay portadas. No hay condenas. La democracia fue saboteada desde dentro, y muchos miran hacia otro lado.

¿Y los demás partidos?

Durante esos años de acoso mediático y policial, muchos partidos que se decían progresistas, republicanos o de cambio, optaron por mirar hacia otro lado. Algunos incluso aprovecharon la campaña de demolición contra Podemos para crecer en votos. El partido morado pasó de tener más de 70 diputados a apenas 5. Y casi nadie preguntó por qué.

Cuando se permite destruir a un adversario político con herramientas ilegales, y se calla o se colabora, eso no se llama estrategia. Se llama complicidad. Y en una democracia, eso debería tener consecuencias.

Un golpe de Estado silencioso

En cualquier país serio, el uso del aparato del Estado para anular a un partido democrático mediante espionaje ilegal sería motivo de comisiones, dimisiones y reformas estructurales. En España, se le llama exceso policial o simplemente polémico. Y se tapa. Y se olvida.

No, no hubo golpe militar. Pero sí hubo un golpe encubierto contra la voluntad popular. Y eso, aunque no salga en el BOE, también es un crimen contra la democracia.

#DESPERTAD

Porque dormir con los ojos abiertos es el mayor peligro. Porque no podemos normalizar lo que es inaceptable. Porque la democracia no se defiende sola.

Art 150625 PPatriota