"El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva..."
—José María Aznar, mayo de 2024
Y vaya si presuntamente hicieron.
Un juez ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, junto a 27 altos cargos de su equipo, por presuntamente crear una red de influencias para beneficiar a empresas del sector gasístico a cambio de importantes pagos económicos. Lo que parecía una arenga épica de Aznar contra Sánchez se ha convertido en una profecía involuntaria que describe con precisión lo que sus compañeros de partido presuntamente llevaban años haciendo entre despachos, decretos y sobres sellados.
La trama: favores desde el Gobierno
Entre 2011 y 2018, Montoro —como ministro bajo Rajoy y antes figura clave del aznarismo— habría facilitado desde el Ministerio una serie de cambios legislativos que presuntamente beneficiaron directamente a empresas del gas industrial, como Carburos Metálicos, Praxair o Air Liquide. Lo más grave: muchas de esas leyes y enmiendas fueron, presuntamente, redactadas por las propias empresas, según el juez instructor de Tarragona.
Estos documentos eran luego canalizados a través del despacho Equipo Económico (fundado por el propio Montoro, hoy llamado Global Afteli), que los introducía en el BOE como “aportaciones técnicas” a los Presupuestos Generales del Estado. Todo esto, según el auto, a cambio de pagos que podrían haber alcanzado los 780.000 €.
Siete delitos, una misma estructura
Los delitos imputados, siempre presuntamente, no son menores:
- Cohecho
- Fraude a la Administración
- Prevaricación
- Corrupción en los negocios
- Tráfico de influencias
- Falsedad documental
- Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
En resumen: un ministro, su círculo, su antiguo despacho y una red empresarial actuando presuntamente al unísono desde dentro del sistema.
¿Y qué papel tenía Montoro?
A pesar de haber abandonado el despacho antes de entrar en el Gobierno de Rajoy, el vínculo nunca se rompió. Varios de sus socios y colaboradores más cercanos ocuparon cargos clave en la Secretaría de Estado y otros niveles del Ministerio, facilitando así lo que el juez califica de tráfico de leyes desde la empresa privada hacia el BOE.
Lo que parecía un caso más de puertas giratorias es, presuntamente, una puerta de entrada y salida permanente, en la que el interés general quedó subordinado al económico.
La reacción política
La oposición no ha tardado en responder. Desde el PSOE califican la imputación como “la prueba de que el PP nunca dejó de gobernar para los suyos”. Otros partidos hablan directamente de corrupción estructural y de “un saqueo silencioso a través del gas”.
Incluso periodistas veteranos como Ernesto Ekaizer han sugerido que esto podría convertirse en “el gran caso de corrupción del PP”, incluso más grave que la Gürtel.
Reflexión final
“Que cada uno haga lo que pueda”, decía Aznar. Y Montoro, por lo visto, pudo hacer mucho. Tanto, que hoy se enfrenta a siete delitos presuntamente cometidos y a una posible condena que no será solo moral, sino judicial.
Mientras tanto, los mismos de siempre seguirán saliendo en tertulias, defendiendo lo indefendible, cobrando por opinar lo mismo que firmaron cuando estaban en el poder. Porque en este país, la impunidad no es una excepción: es un modelo de negocio.