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La Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo ha presentado más de 50 alegaciones basadas en propuestas vecinales . Al borrador de la nueva Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, actualmente en proceso de audiencia pública tras su publicación en el BOCM el pasado 15 de junio.
Estas alegaciones, registradas oficialmente en el Ayuntamiento, se centran en los tres principales capítulos del texto normativo: limpieza viaria y medio ambiente, medio rural y uso y gestión de la Dehesa de Navalvillar. El objetivo principal de la Asociación es mejorar la propuesta inicial aprobada en pleno municipal, adaptándola a las necesidades reales y actuales del municipio. Algunas de las mas destacadas se presentan a continuación:
Entre las propuestas más relevantes sobre limpieza viaria y medio ambiente. La Asociación ha planteado la regulación horaria del depósito de basuras en todo el municipio, con el fin de evitar la acumulación de residuos fuera de los contenedores y mejorar así la salubridad de las calles. Se propone un horario de depósito entre las 19:00 y las 08:00, salvo en el caso del vidrio, cuyo vertido nocturno estaría prohibido por el ruido que genera, permitiéndose únicamente en horario diurno.
También se ha solicitado establecer un periodo obligatorio de limpieza y desbroce de solares entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, así como prohibir la plantación de especies altamente inflamables, como las arizónicas, en perímetros de parcelas. Y el control y eliminación de especies vegetales invasoras.
Otras alegaciones en este capítulo incluyen la prohibición de lavar animales en espacios públicos, verter sustancias jabonosas en fuentes situadas en la vía pública. Además, se propone que los puestos ambulantes estén obligados a dejar limpio el espacio utilizado, y que la ordenanza contemple un apartado específico para la recogida y eliminación de residuos sanitarios.También se ha argumentado contra la pretensión de la alcaldía de que sean los vecinos los que acometan la limpieza de las calles en caso de emergencia.
En cuanto a la conservación, la fauna y la gestión responsable del medio rural, la Asociación recuerda que el Ayuntamiento no posee competencias en materia de sanidad animal y, por tanto, no puede imponer a las explotaciones ganaderas medidas que pueden comprometer la bioseguridad de estas instalaciones productivas. Asimismo, la Asociación exige la protección de las canteras por su valor cultural y biológico, especialmente las que recogen las aguas de lluvia, por lo que se solicita la prohibición del baño, y algo tan obvio como el vertido de residuos o el abandono de vehículos en las canteras situadas en suelo rústico, tanto en propiedades públicas como privadas.
Respecto a la Dehesa de Navalvillar, un espacio natural a preservar, la Asociación insiste en que debe mantenerse el uso prioritario ganadero tal como ha sido históricamente y porque es la garantía para salvaguardar los valores productivos y culturales asociados a este espacio. Además, se solicita establecer unaforo limitado para eventos celebrados dentro de este espacio protegido, siendo la propuesta de la Asociación un máximo de 200 personas. Otras alegaciones de importancia son la elaboración anual por parte del Ayuntamiento del informe cinegético de la Dehesa, que determine el estado sanitario y densidad de especies silvestres y en base al que se autorizarán las condiciones de las actividades de caza, especies, número de licencias… Además, se ha exigido la revisión del artículo que limita el acceso ganadero únicamente a explotaciones situadas a menos de 4 km del término municipal, ya que cualquier ganadero empadronado en Colmenar Viejo debe tener derecho a utilizar este espacio común de todos los colmenareños.
Estas alegaciones mencionadas son un pequeño extracto de las más de 50 que la Asociación ha recogido de los vecinos interesados en mejorar el texto de la actual redacción de la Ordenanza municipal de Medio Ambiente. Cabe recordar que los ayuntamientos están obligados a responder a las alegaciones presentadas. Esta obligación se deriva del principio de transparencia y participación ciudadana en la gestión pública, y está respaldada por la legislación que regula el procedimiento administrativo común.