La concejala de Recursos Humanos, Contratación, Patrimonio y Administración Pública, Belén Colmenarejo, reconoció expresamente en el Pleno del miércoles 24 que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo continúa sin poner en marcha el canal de denuncias que la ley obliga a tener en funcionamiento desde el pasado 31 de diciembre.
Este reconocimiento fue la respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del grupo municipal de Ganemos, Carlos García, a partir de la noticia publicada el pasado día 27 de junio en este diario.
La concejala, que es también primera teniente de alcalde y, en consecuencia, vicealcaldesa de facto, arguyó para justificar la inacción del equipo de gobierno que “se estaba negociando con los sindicatos”. Pero expertos consultados por este periódico han explicado que no hay nada que negociar. “La ley es taxativa -concluyen-: el canal debe estar funcionando antes del 31 de diciembre de 2023 del modo y con los estándares que la propia ley establece”.
Una directiva europea
El conocido como “canal de denuncias” surge de la Ley de Protección de los Informantes (Ley 2/23) que a su vez deriva de la trasposición de la directiva europea Whistleblowing, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2019.
Estos textos legales, vigentes desde el pasado año en España, buscan aumentar la transparencia de las empresas y las instituciones obligándolas a instalar un canal a través del cual se puedan denunciar las irregularidades detectadas en la gestión.
Hay que recordar que el incumplimiento de esta ley puede acarrear sanciones gravísimas, de hasta un millón de euros. La Autoridad Independiente de Protección del Informante tiene capacidad para controlar el cumplimiento de la norma por parte de las empresas privadas y de las instituciones públicas.