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La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de dictar la sentencia 241/2023 por la que me absuelve, junto con otros 11 miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de haber cometido un delito de prevaricación urbanística por haber concedido diversas licencias de primera ocupación contra el criterio de los técnicos.
Me permito titular con sorna este artículo porque las probabilidades de haber cometido prevaricación en este y en otros casos análogos que también me ha tocado sufrir y las de haber sido el asesino del gran torero cordobés eran más o menos las mismas. Lo explico. No hace falta ser experto en derecho para discernir que la concesión de una licencia con un leve defecto (a modo de ejemplo me refiero a unos centímetros en la altura de un muro) no es un delito penal. El Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente que no es prevaricación cualquier irregularidad administrativa, si no que este tipo delictivo se reserva para aquellos casos extremos y graves que no tienen ninguna justificación. En el derecho penal rige el principio de intervención mínima, que quiere decir que esta jurisdicción queda reservada para los supuestos límite. La mera ilegalidad no supone la comisión de un delito, toda vez que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente y quedaría sin contenido si todos los actos administrativos contrarios a derecho fueran enjuiciados por la jurisdicción penal. Además, se daba la circunstancia de que los juzgados de lo contencioso-administrativo ya se habían pronunciado con anterioridad en el sentido de que no se podía denegar una licencia por defectos leves en aplicación del principio de proporcionalidad. Es decir, se han revisado penalmente hechos sustancialmente idénticos a otros en los que los jueces de lo contencioso-administrativo habían fallado que lo ajustado a derecho era conceder la licencia.
A pesar de que este criterio jurisprudencial se viene aplicando desde tiempo inmemorial, he sido objeto de una persecución que no tiene justificación alguna. Se trata del sexto caso sustancialmente idéntico en que los tribunales se han pronunciado en el mismo sentido absolutorio. Además, hay que añadir otros dos casos de distinto objeto que también fueron archivados por ser falsos los hechos denunciados. Todos tienen el denominador común de iniciarse por denuncias anónimas para así ocultar a la parte denunciante y sus verdaderas intenciones. He de confesar que, a pesar de llevar ejerciendo como abogado más de 25 años, hasta que no lo he experimentado personalmente, no podía imaginar, ni por asomo, de que en un estado de derecho supuestamente avanzado como el nuestro y en pleno siglo veintiuno pudiese seguir vigente este sistema tan cobarde y traicionero. Pensaba en mi ingenuidad que las denuncias anónimas e infundadas eran propias de tiempos pasados y de tribunales inquisitoriales, en los que los denunciantes se adueñaban de los bienes de los denunciados. Que equivocado estaba, nuestro sistema judicial permite denunciar impunemente y sin ningún tipo de consecuencia para el delator, lo cual contradice el art. 456 del Código Penal. Comprendo que en determinados casos sea necesario proteger a un denunciante, pero no puedo comprender que nuestro sistema, teóricamente tan garantista, permita este tipo de actuaciones y que admita alegremente cualquier denuncia sin contrastar nada. Una de dos, o bien estas denuncias en realidad no eran tan “anónimas” y se trataba de una operación política perfectamente orquestada, o bien nuestro sistema tiene un gravísimo fallo por el que se vulneran los derechos fundamentales de los denunciados como la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, toda vez que la indefensión es absoluta. Ninguna de las dos posibilidades me resultan admisibles porque conducen al mismo destino del escarnio y lapidación mediática del pobre desgraciado que le toca. El fallo del juzgador es lo de menos porque llegará demasiado tarde y para entonces es lo que menos preocupa. El daño ya está hecho y es imposible repararlo.
En estos días he recibido muchas llamadas y mensajes dándome la enhorabuena y como no he tenido tiempo de contestarles personalmente desde estas líneas quiero agradecerles a través de estas líneas su interés a pesar de haber pasado tantos años desde que dejé la alcaldía. Por fin se acaba esta pesadilla y se ha despejado mi horizonte judicial. Ha sido muy duro estar procesado y acusado durante más de siete años por hechos sin trascendencia penal. Por ello, no puedo estar contento con esta absolución, aunque sea la última y definitiva (si no recurre la fiscalía). Me es difícil asimilar que haya estado más tiempo en la picota judicial que ejerciendo de alcalde. Y aun es más duro explicarme el por qué de esta cacería en la que yo era la pieza a abatir, acosado por una jauría sedienta de sangre. Lo cierto del caso es que el objetivo cinegético (o político) se alcanzó y por mor de estas innobles artes se consiguió que no pudiera cumplir mi legítimo y democrático objetivo de cumplir mi juramento como alcalde de mi siempre querido Colmenar Viejo durante una legislatura completa como así decidieron los ciudadanos.
Continuando con mi ingenuidad, espero que este calvario judicial y mediático no sea uno más y que por lo menos sirva para que nadie vuelva a pasar por ello. Para que los inquisidores, acosadores y hostigadores que tanto abundan por este país se lo piensen antes de acusar y acosar a personas inocentes. Por salud democrática espero y deseo que no vuelvan a repetirse episodios como el que me ha tocado vivir. Escribo estas breves y modestas consideraciones con la esperanza de que, aunque sea por casualidad, lleguen a alguien que pueda poner remedio a estos fallos de nuestro sistema y que cuando comienza un proceso de este tipo se respete el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia y a defenderse con garantías. Y ya puestos a pedir, que todos aquellos que contribuyeron a esta cacería tengan sus consecuencias porque me resulta incomprensible que se pueda acusar sin fundamento y no pase nada. No me estoy refiriendo a dimisiones, creo que con la mía ya fue suficiente, pero por lo menos que se pidiera perdón públicamente, que tuviera la misma repercusión una acusación que una absolución. Probablemente, como dice el corrido mejicano, estoy pidiendo demasiado, pero es que personas muy cercanas que ya no están aquí, se fueron sin saber que era inocente y yo ya no les puedo decir, ves como no me equivocaba y esto de las acusaciones era una chorrada. Cuanto me hubiese gustado oírlos contestar, pues joder con la chorrada y, como siempre, tendrían toda la razón. Confío que, allá donde estén, les haya llegado la noticia de mi absolución.